Esta semana se aprobó el Anteproyecto de Ley
para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, un
paso muy importante cuyo objetivo es evitar las duplicidades y los problemas de
competencias con el fin de mejorar la estabilidad financiera de las
administraciones.
En él se definen las competencias propias de las
administraciones locales, pero también se establecen limitaciones en los
salarios y en el número de alcaldes, concejales con dedicación exclusiva y
asesores. Pese a que su aprobación final puede demorarse cerca de un año, ya
podemosrepasar las novedades presentadas.
Para comenzar
a comprender los principales puntos tratados en el anteproyecto, podemos acudir
al resumen publicado en la web de La Moncloa, pues trata de forma
relativamente directa los principales puntos que contiene, incluyendo los
cambios en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que reduce en un
tercio el número de concejales existentes (de 68.578 a 47.240).
El asunto de
los salarios de los altos cargos de la administración pública fue
foco de debate hace unos días en el blog “Nada es gratis”, mediante un
artículo de Manuel Bagues.
Para ello enfrenta a los pros y a los contras de
contar con salarios competitivos respecto al sector privado y de disponer de
salarios bajos. Pese a la necesidad de realizar recortes, esta última opción
podría no ser siempre buena.
En en el blog “Sueldos Públicos” se preguntan
si esta es la reforma de la administración que necesita España y destaca el
hecho de que se rebajen salarios como medida de estabilidad
presupuestaria, sin desatender su aspecto social en un momento y entorno de
desapego político. También recoge la reacción de la oposición, que se muestra
incrédula ante las expectativas de ahorro de la ley.
Precisamente
este es uno de los aspectos más polémicos del plan de racionalización, y según
el diario El País, supondría prohibir
pagar sueldos a cerca de 55.000 ediles. Además, se establecerá un baremo
de costes por servicio y los municipios de menos de 20.000 habitantes
que no fueran capaces de trabajar con este estándar deberían cedérselos a las
Diputaciones.
Según un
análisis publicado en El Blog Salmón, la fuerza que
adquieren estas diputaciones en el anteproyecto debería venir acompañada de un
ejercicio de democracia, pudiendo elegir a sus cargos políticos
mediante la votación directa.
Para Manu de Lucas las medidas no afrontan
los principales problemas, pues se debería modificar la estructura municipal
imperante desde la constitución de 1978, favoreciendo la fusión de
municipios como una importante base de ahorro y aprovechamiento de la
economía de escala.
Para
meditar sobre la problemática de la administración pública en periodos de
crisis, Francisco Sosa ha analizado el libro
“Crisis económica y reforma del régimen local” en un artículo muy esclarecedor
que nos descubre una interesante lectura sobre la materia
No hay comentarios:
Publicar un comentario